Esta enmienda que presentará el Grupo Parlamentario es fruto de la estrecha colaboración entre el Área de Juventud de IU y la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) para recordar al Gobierno sus reiterados incumplimientos electorales hacia los becarios e investigadores.

     En la enmienda parcial, cuyo contenido preciso también se está estudiando qué fórmula de encaje puede tener dentro de la enmienda a la totalidad con texto alternativo que también está preparando IU, se reclama que “ los Programas de Ayudas públicas o privadas dirigidos a la formación, prácticas, especialización y/o colaboración de titulados universitarios o de grado medio/superior deberán establecer la contratación de sus beneficiarios por parte de los centros en los que se adscriban, mediante la formalización de un contrato laboral, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y las modificaciones que se introduzcan en el presente Real Decreto Ley ”.

    Pese a que se han producido ya algunos avances en relación a esta materia en lo que va de legislatura –buena parte de ellos debido a iniciativas de Izquierda Unida- las lagunas existentes hacen que aún sea muy grande la posibilidad de mejora que busca esta enmienda.

    Esther López, coordinadora del Área de Juventud de IU, considera que “es vergonzosa la situación de precariedad e infravaloración a la que se somete a los becarios y becarias en nuestro país, que carecen del adecuado marco legislativo en el que sustentarse para defender sus derechos. Aunque pueda parecer mentira, las condiciones de trabajo en lo que respecta a la situación de protección social y laboral de estos profesionales cualificados sigue estando más próxima al s.XIX que a una sociedad que apuesta realmente por la investigación y el desarrollo”.

    El Área de Juventud de IU coincide con las reivindicaciones de los responsables de la Federación de Jóvenes Investigadores para exigir que se les reconozca su condición de trabajadores, ya que “los periodos formativos, de prácticas, de especialización y/o de colaboración de titulados de grado medio/superior o universitarios deben realizarse vía laboral”.

    Se da la circunstancia de que la falta de regulación lleva a que se remuneren en régimen de beca los periodos de investigación formativos, de especialización o colaboración, pese a que en muchos casos los mismos no vayan asociados a ningún centro educativo. La declaración explícita de estos motivos en un proyecto de ley serviría para reforzar de forma eficaz la lucha contra la enorme bolsa de empleo sumergido mediante becas existente (150.000 becarios según estimaciones del Ministerio de Trabajo en 2005) y que se ha extendido en todos los ámbitos en los últimos años.

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